Está en marcha un rediseño de la Administración General de Aduanas, cuyo objetivo va a ser incrementar la recaudación y combatir el contrabando y la piratería.
El gobierno de la 4T echará mano de los recursos contenidos en el FACLA (Fideicomiso para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, de los pocos que no fueron extinguidos).
Cuenta con una bolsa de aproximadamente 81 mil millones de pesos, parte de los cuales se ejercerán en la infraestructura con que operan las 49 aduanas que están distribuidas en 24 entidades federativas.
La idea es modernizar carriles, plataformas y techos, pero también la base tecnológica que hoy día, a pesar de las multimillonarias inversiones que se hicieron en los dos últimos sexenios, está subutilizada.
Las más relevantes: 100 carriles por los que entran camiones de carga no funcionan, el sistema no registra vehículos articulados, no lee las placas y no detecta los gafetes o identificaciones de los choferes.
De igual forma considere la nueva terminal de carga y aduana en lo que será el aeropuerto Felipe Ángeles, que tendría un costo cercano a los tres mil millones de pesos.
Agregue la adecuación de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, para el Tren Interoceánico, y otra terminal de carga y aduana para el Tren Maya, que estaría en Puerto Progreso.